El senador PS Camilo Escalona presentó un proyecto de reforma constitucional que busca poner fin al lucro en la Salud, a través de la fijación de tarifas y precios para detener las exorbitantes utilidades de las isapres.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los senadores Eugenio Tuma (PPD), Pedro Muñoz (PS) y Ximena Rincón y patricio Walker (ambos DC).

"Hemos presentado un proyecto de reforma constitucional, que tiene como propósito modificar el número 9, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Su texto es incluir la responsabilidad de la autoridad para fijar tarifas y precios en el derecho a la Salud", señaló el senador.

"Esto se origina en las ganancias exorbitadas de las isapres, que no tienen otra manera de detenerlas, que no sea sobre la base de hacer posible, a través de esta redacción, una atribución que permita detener la espiral de precios, acentuada en el último tiempo por las decisiones unilaterales de las isapres y, además, acentuada por la transferencia de recursos que se hace desde el sector público al sector privado", sostuvo.

"De las ganancias exorbitadas de las isapres, el 60 por ciento corresponde a transferencias que se están haciendo desde el sector público al privado, a través de los bonos GES. Es decir, el gobierno de Sebastián Piñera empuja masivamente a las personas a que se vayan a atender a las clínicas u otros establecimientos privados y, al mismo tiempo, estas han encarecido los precios para la clase media", declaró.
"En consecuencia, todo ello genera una especie de "paciente cautivo", que ha generado una situación insostenible para las familias", afirmó.

"Renta ilegítima"
"Por lo tanto, nosotros estamos en nuestro proyecto incluyendo el concepto de "renta ilegítima", estableciéndose ésta como producto de la utilización de la posición dominante en un mercado relevante, por parte de un oferente, establecida esa renta ilegítima y causado el daño social respectivo, la autoridad queda habilitada para colocar tarifas y precios", expuso.

"Es decir, estamos creando una figura y concepto nuevos, con el propósito de detener los abusos masivos que se están provocando en contra de los pacientes cautivos.

De acuerdo con esta reforma constitucional, la autoridad quedaría con la responsabilidad de adoptar medidas que impliquen fijación de tarifas y/o precios, de acuerdo con la situación que el respectivo ejercicio de derecho así le indique", manifestó.

Según el senador Escalona, "la Constitución establece un derecho a la Salud. Ese derecho, en la práctica está siendo violado porque muchas personas, al verse enfrentadas a precios prohibitivos, no lo pueden ejercer".

"Esta situación, paradojalmente, emana del hecho de que el propio Estado le entrega recursos a esas familias para que vayan a atenderse al sector privado. Este, además de ese 'chorro' de recursos que están recibiendo, encarece la prestación. Todo ello, configura esta situación de "renta ilegítima", dijo.

"Por lo tanto, este proyecto de reforma constitucional le entrega -en nuestra opinión- la responsabilidad a la autoridad de fijar tarifas y precios. En consecuencia, esto significa quitarle un instrumento de abuso a los privados, que está causando un costo social sumamente severo", expresó.

"Nosotros creemos estar haciendo un aporte muy concreto al entregar a la autoridad una responsabilidad que hoy no tiene. La responsabilidad del Estado es velar por el derecho a la Salud. Sin embargo, no tiene un instrumento como este que permita materializar el derecho que la propia Constitución indica", enfatizó.

Consultado sobre el proyecto del llamado "IPC de la Salud", el senador Escalona dijo que "son cuestiones casi cosméticas. Desde mi punto de vista, si no se genera el instrumento de la fijación de precios, las isapres van a continuar haciendo lo que quieran".

TERRA